Ana Padilla Madrid
Nuestro país cuenta con una amplia red de instituciones públicas y privadas organizadas para enfrentar eventos riesgosos, causados por la naturaleza o por la acción humana. Actualmente, el Plan Nacional de Protección Civil considera seis diferentes riesgos para los cuales ha desarrollado protocolos para asegurar una respuesta oportuna y efectiva: incendios forestales, actividad volcánica, tsunami, remoción en masa, materiales peligrosos y emergencias en mineras de gran alcance.
Todos estos protocolos siguen una estructura común que se adapta a las características propias de cada evento. Entre otras cosas contienen sus alcances, mecanismos de activación y desactivación de los protocolos, actores involucrados y sus responsabilidades, la forma de respuesta de los servicios públicos, cómo proteger y guiar a la sociedad civil, formas de comunicación internas y externas, y las relaciones con otros planes o protocolos existentes.
El estado chileno ha logrado desarrollar una institucionalidad estructurada para responder a los riesgos de los desastres, encarnado en el Sistema Nacional de Protección Civil, que es capaz de adaptarse a distintos tipos de eventos.
Esta adaptabilidad es un buen antecedente para la posibilidad de incorporar las olas de calor al repertorio de eventos, sumado a que va en línea con la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres desarrollado por el gobierno para el período 2020-2030.
¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?
En Estados Unidos han ocurrido numerosas olas de calor, varias de ellas con consecuencias mortales. En consecuencia, han desarrollado múltiples iniciativas público-privadas para hacerles frente desde todas las aristas posibles. Algunas de ellas se parecen a los protocolos que tenemos en nuestro país, como los planes de contingencia de los Estados de New Hampshire y de Arizona.
Una de ellas es el National Integrated Heat Health Information System (NIHHIS), una institución conformada por ocho agencias gubernamentales creada especialmente para enfrentar los efectos del calor.
Sus funciones son levantar información científica a partir del monitoreo constante del medio ambiente, acercar los expertos técnicos a los espacios políticos encargados de tomar decisiones sobre estos eventos, concientizar a la sociedad sobre los efectos de las olas de calor y cómo prevenirlos, y finalmente asesorar al mercado de productos relacionados a estos eventos para distribución eficiente de los recursos. En Chile no existe una institución de este tipo.
Comments